El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, recurrió nuevamente en el último mes del año 2011 al veto, para anular leyes votadas mayoritariamente por la legislatura porteña, en general en función de beneficiar económicamente a socios, aliados o amigos. Una es la que prohibía la venta de medicamentos en góndolas y kioscos y la otra es la que prorrogaba por 6 años la potestad del estado porteño para resolver los litigios de propiedad en el caso de las empresas recuperadas. De este modo se reabre la puerta a los ex propietarios, que huyeron abandonando las empresas, a imponer la lógica de la propiedad privada, ahora que les vuelve a convenir ser "dueños".
Y si esto fuera poco, la estrategia de su grupo parlamentario impidió que prorrogue por un año más la ley que protegía a las propiedades de más de 70 años. En consonancia con la práctica muy sostenida durante su mandato, el gobierno de Macri abre la puerta a un gran negocio inmobiliario en contra de la protección del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
Pedro Brieger, de vacaciones, escribe desde Atenas escribe sobre el (re)surgimiento
de las extremas derechas en Europa.
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